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05 Mar
05Mar

Parece que el Gobierno de España se plantea retirar los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales. Actualmente, los ahorradores pueden reducir la base imponible del IRPF realizando aportaciones a este producto de ahorro con un máximo de 8.000 euros cada año. 

Por simplificar: un trabajador con un salario de 50.000 euros anuales que haya aportado en 2019 el máximo permitido, pagará su impuesto sobre la renta como si hubiera ganado 42.000 euros. El ahorro puede ser significativo.

El incentivo fiscal es prácticamente el único argumento de peso que puede tener un ahorrador para elegir esta opción, por lo que retirarlo puede ser acabar de facto con ellos. Los planes de pensiones son más ilíquidos y generalmente de peor calidad que un fondo de inversión. Si no existe la posibilidad de reducir el pago de impuestos, desaparece su principal ventaja competitiva.

Aparentemente, la medida pretende potenciar los planes de pensiones de empresa y acabar con la versión individual. Si es así, no tiene por qué ser una mala decisión. 

Los planes de empresa son similares a los individuales, aunque presentan algunas diferencias. En primer lugar, es la empresa la que realiza las aportaciones a la cuenta del trabajador. Además, generalmente son de mayor calidad que los individuales ya que suelen estar seleccionados y controlados por profesionales; de hecho, la rentabilidad histórica que han ofrecido es sustancialmente superior (4% frente a 1,3% de media).

Hasta ahora, los planes de pensiones individuales ofrecidos por la mayoría de entidades financieras tienen una calidad francamente deplorable. El ahorrador, en parte por su falta de conocimiento financiero y en parte por la excesiva confianza que muestra en su comercial bancario, suele contratar este tipo de productos sin exigir resultados extraordinarios ya que se conforma con el ahorro fiscal que le supone. En muchas ocasiones, además, el banco exige su contratación para obtener mejores condiciones en otros productos como las hipotecas.

La medida puede ser positiva en tanto mejore la rentabilidad media que obtiene el trabajador español de cara a su jubilación; no obstante, penaliza a los ahorradores que renuncien al plan de empresa y decidan invertir ese dinero por su cuenta, ya que dejarían de beneficiarse del ahorro fiscal. En definitiva, no es una medida que acabe con el ahorro sino que simplemente da prioridad a la empresa como responsable de decidir dónde se invierte. 

Los planes de pensiones no mueren; en este caso, solo se transforman.